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En la política mexicana, las coincidencias suelen operar con una precisión casi matemática. Justo cuando la Sección Instructora de la Cámara de Diputados se alista para definir su nueva presidencia y avanzar en el proceso de desafuero contra Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, el dirigente nacional del PRI cumple semanas fuera del país.
Mientras en San Lázaro se alistan los dictámenes derivados de las investigaciones presentadas por las autoridades de Campeche, el senador priista permanece en Estados Unidos bajo el argumento de cumplir con una agenda diplomática y denunciar presunta persecución política. Sin embargo, ante la opinión pública el escenario proyecta algo muy distinto: el intento de evadir la acción de la justicia.
El expediente en San Lázaro: 83.5 millones de pesos bajo la lupa
El procedimiento para retirar la inmunidad procesal al líder priista no es una disputa meramente mediática.
El expediente integra carpetas de investigación por presuntas irregularidades cometidas durante su gestión como gobernador de Campeche, cuyo monto asciende a 83.5 millones de pesos.
Entre los rubros bajo investigación destacan:
- Simulación de contratos y servicios en dependencias estatales de seguridad pública.
- Sobrecostos y contrataciones irregulares en materia de publicidad e imagen institucional.
- Transferencias a empresas fachada y consultorías sin justificación operativa demostrable.
A este panorama se suma la detención de exfuncionarios y colaboradores cercanos a su administración, lo que reactivó la presión en el Congreso.
La presidencia de la Sección Instructora dejó listo un proyecto de dictamen respecto a la admisibilidad del proceso de desafuero antes del cambio de mesa directiva.
¿Victimización internacional o evasión de la ley?
Posicionar un viaje al extranjero como una «gira en defensa de las instituciones» resulta insostenible cuando en el país de origen existe un trámite legal en curso para retirar el fuero constitucional.
Cuando un actor político argumenta ser víctima de persecución, la estrategia más sólida para desmontar cualquier acusación es presentarse ante las autoridades, aportar pruebas y enfrentar el proceso con transparencia. Buscar foros internacionales o la atención de organismos extranjeros mientras se posterga indefinidamente el regreso a México no construye una imagen de fortaleza, sino de temor ante la pérdida de la protección parlamentaria.
«Quien sostiene no haber cometido delito alguno no necesita poner fronteras de por medio para demostrar su inocencia.»
Conclusión: El fuero no es patente de impunidad
El fuero constitucional fue diseñado para garantizar la libertad de expresión y el trabajo legislativo, no para funcionar como un escudo frente a investigaciones por presunto desvío de recursos públicos. Alejandro Moreno tiene la obligación ética y legal de regresar a México, responder ante las instancias correspondientes y aclarar el destino de los recursos señalados.
Continuar en el extranjero solo consolida la percepción generalizada de que no se trata de diplomacia ni de resistencia política, sino de una huida calculada ante el avance de la ley.
Dra. Martha Andrea Castro Noriega, MD 